413fd1751d1dc4d7fa34dba0af98fdc4 - Del desahucio que avergonzó a Sevilla a los desahucios que avergüenzan a toda España

Del desahucio que avergonzó a Sevilla a los desahucios que avergüenzan a toda España

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El 9 de marzo de 2004 Rosario Piudo, una anciana de 87 años, enferma y con los achaques propios de su edad, fue expulsada judicialmente de su hogar. Desahuciada por 39 euros que, por error, no pagó a su casero, deseoso de poder quitarse de en medio a una más de sus inquilinas.

Una más, para así poder especular con el edificio, situado en el corazón histórico de Sevilla y que, todavía hoy, sigue cerrado a cal y canto. Diez años han pasado de aquella “canallada”, como lo definen en la Liga de Inquilinos La Corrienta, colectivo que nació después de aquel desalojo para ayudar e intentar proteger a las personas que viven de alquiler. Desde su nacimiento, en 2005, han atendido más de 3.000 casos de abusos inmobiliarios.

 

Cuando aún los desahucios no tenían el eco que tienen hoy, el de esta mujer fue un caso estremecedor que, al menos, consiguió visibilizar la expulsión masiva de vecinos, de clase trabajadora y humilde, del casco antiguo de Sevilla, el más grande de Europa. Un proceso conocido como gentrificación. Se trataba “sobre todo de personas mayores y sin apenas habilidades sociales, acogidos a la Ley de Arrendamientos Antiguos (renta antigua) de 1964″, explican desde La Corriente. Un caso estremecedor el de Piudo, pero igual que lo fueron otros muchos antes y también después. “¿Por qué el de Rosario Piudo sí consiguió llamar la atención de los medios de comunicación y otros tantos no? Es algo que no llego a entender”, afirma José Ignacio Aguilar, activista y abogado por el derecho a una vivienda digna en Sevilla.

 

Eran los felices años de la construcción masiva en España, los grandes años de la burbuja. Y también el de los ‘asustaviejas’, nombre con el que se conocen a las mafiosas técnicas que constructores y propietarios han venido utilizando para obligar a los inquilinos a abandonar sus viviendas, cuya renta de alquiler estaba por debajo del desorbitado precio de mercado. “La principal estrategia de los propietarios era la de no cumplir con su obligación de arreglar el edificio”, constata Aguilar. Otras técnicas eran la de meter vecinos que ocasionaran graves problemas de convivencia, y obligar a los vecinos a marcharse. O conseguir que el ayuntamiento correspndiente declarara en ruina el inmueble.

 

ROSARIO PIUDO MURIÓ EN UN ASILO DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES

 

“Rosario murió hace cosa de un año, ya estaba muy malita”, informó a través del teléfono a andalucesdiario.es una monja del asilo de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, en la calle Luis Montoto de Sevilla, en la que la mujer, con una pensión contributiva de poco más de 400 euros, consiguió plaza, aunque primero fue acogida en casa de una sobrina, en la localidad de Osuna. Rosario era viuda y no tenía hijos. “Había sido una gran cocinera y había servido en casas, y en el barrio tenía toda su red de relaciones: iba siempre al mismo bar a comer  porque ya no se atrevía a cocinar, todas las tardes iba a misa y en cuanto un día faltaba ya me preguntaban por ella“, explica Ángel del Río, profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide y último vecino que aguantó en el edificio, sostenido en los últimos años por puntales y sometido a un abandono planificado.

 

La mañana en que Rosario se vio obligada a abandonar su vivienda un grupo de amigos y vecinos del barrio la acompañaron, la despidieron con aplausos, mientras los ojos de la anciana se llenaban de lágrimas. La Policía Nacional impidió a los medios de comunicación tomar imágenes desde el interior. Dentro del edificio sí se encontraba el propietario del inmueble junto a su abogado y un cerrajero, que ni esperó a que Piudo hubiera salido para cambiar la cerradura. Ante el dramatismo de la situación, del Río recuerda la frase que abogada y propietario intercambiaron mientras esperaban a que se consumara la expulsión: “En Sevilla, ¿cómo se toma la manzanilla?”.

 

Del Río recuerda el origen de la deuda de su vecina. “Poniéndole puntales en su casa rompieron la ventana del cuarto de baño, que ella tuvo que arreglar y pagar, dinero que la propiedad se negó a abonarle. Su forma de hacer justicia fue dejar de pagar el alquiler, pero el dinero lo guardaba para cuando lo tuviera que abonar”. Y así lo hizo, pero al hacer las cuentas hubo una confusión y se pagó 39 euros menos”. Dolores acudió a él para que le leyera la carta, en la que se le informaba de que iba a ser desahuciada. “Ella no era consciente de lo que le estaba pasando y se puso muy nerviosa”.

 

 

 

Juntos acudieron al juzgado. “Nos echaron de allí, a mí me dijeron que las cosas eran así, y que se estaba cumpliendo con la ley”, relata del Río, que contestó: “Se cumple la ley para cometer una injusticia”.

 

Del día del desalojo, “lleno de solidaridad vecinal”, del Río recuerda una escena, cuando ya se fueron todos del edificio. “Hubo una escena conmovedora. Llegó una mujer, con su bata y zapatillas de paño, una mujer humilde, que traía en la mano 39 euros, pensaba que a Rosario le hacía falta ese dinero para pagar el alquiler”.

 

EL EFECTO PIUDO

 

El dramático desahucio no quedó sin respuesta. Unos meses después nació la Plataforma de Inquilinos Amenazados, la PIA, que fue el germen de la Liga de Inquilinos La Corriente. A nivel institucional desde el Ayuntamiento, entonces gobernado por PSOE e IU, se puso en marcha Otainsa, una oficina de atención a inquilinos en situación de abuso. Años después, en 2006, comenzaron las movilizaciones en toda España a favor del derecho a una Vivienda Digna que, en los últimos años, ha evolucionado en la lucha contra los masivos desahucios por impagos de hipotecas. En estos últimos años los puntos de información de vivienda del 15-M han sido clave para ayudar a personas que no pudieron hacer frente al pago de su hipoteca.

 

Diez años después, desde La Corriente denuncian que la intolerable situación de los inquilinos “lejos de ir avanzando en conquistas en torno a la vivienda, ha empeorado notablemente”. Critican que con el nuevo Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por mayoría absoluta por el PP tras las elecciones de mayo de 2011, desapareció Otainsa. La desmantelación de esta oficina fue una de las primeras medidas tomadas por el nuevo Gobierno local de Juan Ignacio Zoido.

 

Sevilla 14/3/14 Un anciano pasea frente a un edificio tapiado. Foto: Laura LeonTambién señalan cómo la crisis “afecta a nuevos sectores de inquilinos e inquilinas, más allá de los vecinos tradicionales de renta antigua. Estudiantes, desempleados de larga duración, trabajadores precarios, inmigrantes y personas separadas que han de hacer frente a una nueva vivienda suponen nuevos colectivos que encuentran enormes dificultades para el acceso a una vivienda de alquiler medianamente digna, cuando se se ven acechados por el drama del desahucio”.

 

Problemas de viviendas que desde el desahucio de Rosario Piudo, lejos de reducirse, se han ido ampliando, ante la falta de respuesta de las administraciones. “Es incomprensible y censurable que no se ponga una pronta solución a casos urgentes de familias que padecen una situación desesperada, sabiendo que el Ayuntamiento posee un cierto número de viviendas para estas circustancias, pero que permaecen vacías, como en Nuevo Amate o o el Corral de la Encarnación de Triana, entre otros casos”, explican desde La Liga, que también señala otros casos, como el de la Casa del Pumarejo o la Corrala Utopía.

 

EL EDIFICIO, SÍMBOLO DE LA ESPECULACIÓN

 

Otra de las medidas que tomó el Ayuntamiento de Sevilla tras el desahucio de Piudo fue la expropiación del edificio, a cuenta del incumplimiento del deber de conservación por parte de la inmobiliaria que adquirió el inmueble. El edificio, que fue ocupado en 2005, fue desalojado a principios de 2006. Por 4,6 millones de euros el Ayuntamiento lo expropió.

 

Entonces el Gobierno local de PSOE e IU anunció que se destinaría al realojo de inquilinos desahuciados, como fue la propia Rosario Piudo. Nunca se llevó adelante el proyecto. Pero ahora el Ayuntamiento pretende venderlo, olvidando que allí vivió Rosario Piudo, la mujer de 87 años a la que echaron por no pagar, por error, 39 euros.

 

 

Fuente: andalucesdiario.es

 

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