Stop a los desahucios en invierno. El grupo parlamentario de La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) acaba de presentar en el Congreso de los
Diputados una curiosa proposición no de ley por la que quiere instar al Gobierno a que paralice cualquier iniciativa de desahucio que pueda tener lugar en los meses más gélidos del año.
Se trata de una moratoria que ya existe en otros países como Francia y que IU-ICV quiere ahora implantar en España o, al menos, forzar a que se debata en el pleno del Congreso de los Diputados. Según explica el grupo en su proposición, la legislación francesa incluye en su Código de la construcción y la vivienda una moratoria invernal de desahucios que se aplica entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo de cada año. Añaden, además, que la Región de Bruselas también tiene regulada en esta cuestión con un plazo que, en su caso, se extiende del 1 de diciembre al 28 de febrero.
El grupo que dirige Cayo Lara insta al Gobierno a que adopte una moratoria invernal como la francesa, con idéntico plazo, como medida protectora para las miles de familias que puedan sufrir una situación así en pleno invierno. La propuesta se engloba, además, dentro de una batería de medidas presentadas por el grupo IC-ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural ante la mesa del Congreso de los Diputados y que recoge también otra propuesta para evitar el embargo de la vivienda a los parados y a las personas afectadas por la crisis.
Paralizar el embargo a los parados
La proposición no de ley, presentada por el diputado José Luis Centella, insta a suspender de forma inmediata la ejecución de los embargos de la vivienda habitual que afecten a los trabajadores en situación de desempleo como consecuencia del impago de hipoteca. Propone también que se reconozca la subsistencia del uso de esa vivienda habitual por un periodo mínimo de cinco años mediante un alquiler pactado entre las partes y que no podrá ser superior a un tercio de los ingresos del afectado.
IU propone, también, que se habilite un período de un mes en los procedimientos de embargo en curso para que el deudor pueda personarse alegando las condiciones abusivas o en fraude de ley que, en su caso, puedan existir en las cláusulas de sus contratos y que se incorpore, al procedimiento judicial de embargo, un análisis de los riesgos existentes en el momento de la concesión del crédito, de acuerdo con las garantías reales que podría ofrecer el deudor.
Por último, que se establezca un equipo de asesoramiento y arbitraje en las Administraciones de Consumo de la Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para garantizar la adecuada información sobre las cláusulas de los créditos hipotecarios y para que arbitren en la fijación de acuerdos para la moratoria de las deudas hipotecarias o para la fijación de los alquileres compensatorios del ejercicio del derecho de uso.
Fuente elconfidencial.com
