El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), ha anunciado este lunes que ha denunciado al portavoz municipal de IU-CA y director del diario laRepublica.es, Alberto Miranda (en la foto), a cuenta de la entrada en su perfil de la red social ‘Facebook’ en la que calificaba de “criminal” al presidente del Gobierno, el popular Mariano Rajoy.
La portavoz del grupo Socialista, Miriam Burgos, ha manifestado que “no comprendo el motivo por el que ha de resultar extraño que un gobierno municipal del PSOE defienda al presidente del Gobierno. Es el presidente de todos los españoles y ha sido elegido democráticamente. No podemos permitir que nadie y, menos un cargo público, llame a los ciudadanos al uso de la violencia . Esto rompe las reglas mínimas, no ya de una democracia, sino las de la civilización”. Se trata de un “ataque a la convivencia entre españoles”, dice.
Alberto Miranda, de su lado, ha manifestado a Europa Press que resulta “ridículo” que el Gobierno local socialista le denuncie, pues tras publicar dicha entrada en ‘Facebook’, extremo que cosechó diversas opiniones, contactó con el PP para “aclarar” el asunto. “Yo llamaba criminal a Mariano Rajoy y lo sigo manteniendo, porque le está haciendo daño a miles y miles de personas“. Para él, esta decisión prueba el “camuflaje” del PSOE, porque “no tiene nombre que Limones se dedique a defender a Rajoy” y tal extremo prueba que los socialistas alcalareños “son de derechas”.
Los crímenes de Mariano Rajoy que el PSOE quiere ocultar
PRIMER CRIMEN SOCIAL: El primer crimen social lo constituyen los desahucios en este país, debido a los cuales se vienen dando de un tiempo acá una serie de suicidios de personas, forzados por la desesperación de contemplar cómo se quedan sin su vivienda, sin su negocio, sin su vida. Auténticas situaciones de perversión social, donde el imperio de la Ley representa el imperio del terror y del miedo, de la marginación y de la exclusión social. Esperemos que la fuerza y la presión de la calle, mediante las Plataformas como PAH, Stop Deshaucios, 15-M, y la objeción de conciencia de colectivos como el de la policía y los jueces, unidos al reconocimiento de Bruselas de que nuestra legislación era ilegal y abusiva, vayan cambiando la situación.
SEGUNDO CRIMEN SOCIAL: El segundo crimen social de este país lo constituye el desmantelamiento que se está realizando de la Sanidad Pública, que otrora representara uno de los grandes pilares de nuestro “Estado del Bienestar”, por el que lucharon desde los tiempos de nuestros abuelos, y que ahora perversos gobernantes quieren aniquilar. Cierres de servicios de urgencia nocturnos, privatización de servicios hospitalarios, privatización de la gestión de hospitales públicos, deudas de dinero público hacia empresas privadas que gestionan hospitales, reducción de personal (médicos, enfermeros, etc.), figuran entre las estrategias en marcha para conseguir el desmantelamiento total de nuestra Sanidad Pública. Todo ello sin contar con algunas dramáticas situaciones de precariedad a las que están llegando algunos Hospitales debido a los indiscriminados y brutales recortes.
TERCER CRIMEN SOCIAL: El tercer crimen social lo hemos reservado para la situación de desprotección, también cada vez mayor, del colectivo de los desempleados. Con suerte, te puede quedar temporalmente un mísero subsidio de 400 euros al mes, que no llega en muchos casos ni siquiera para poder pagar el alquiler o la hipoteca de tu vivienda. No tienen siquiera la decencia de equiparar el mínimo subsidio al SMI, ni de garantizártelo hasta que encuentres trabajo, ni de proporcionarte la gratuidad de los servicios básicos que una familia necesita. Ello unido a que cada día es mayor el número de personas que quedan en la desprotección total, sin ningún tipo de ingreso, al amparo sólo de sus familiares, o de la caridad.
CUARTO CRIMEN SOCIAL: El terrorismo empresarial, ejercido al amparo de este ilegítimo Gobierno, es el cuarto crimen social que se comete masivamente contra la clase trabajadora. A diario saltan a la palestra nuevos casos de despidos masivos, de cierres de grandes empresas, de ERE’s de empresas públicas y privadas, que dejan en la calle a miles y miles de trabajadores. 3.500 trabajadores en Orizonia, 500 en Roca, 950 en TeleMadrid, 3.100 en Iberia, y un infinito etcétera se suceden diariamente engordando las listas de desempleados, así como los beneficios de los tiránicos dirigentes de esas mismas empresas. Al final del decálogo insistiremos más en este punto.
QUINTO CRIMEN SOCIAL: La desprotección al colectivo de las personas dependientes constituye el quinto crimen social. En efecto, con una Ley de la Dependencia a la que se deja sin recursos, unido al exigente objetivo del cumplimiento del déficit público que se exige a las Administraciones, asfixia las dotaciones económicas y presupuestarias ligadas al reconocimiento y a la vida mínimamente digna de estas personas, lo cual está provocando, junto al pago de sus propios medicamentos, que este colectivo sea uno de los que más esté sufriendo las consecuencias de este criminal Gobierno.
SEXTO CRIMEN SOCIAL: Como una variante o modalidad del segundo crimen social, tenemos las situaciones de desamparo, marginación y desprotección que se están realizando a los inmigrantes, en lo que tiene que ver con su cobertura sanitaria. Primero les dejaron sin derecho gratuito a la Sanidad, quedando únicamente la posibilidad de que pudieran acudir a los Servicios de Urgencia. Pero ya se están denunciando muchos casos en los cuales tampoco se atiende en urgencias, o bien se envían facturas abusivas intentando que los inmigrantes ilegales paguen por los servicios médicos llevados a cabo. Partos, sesiones de rehabilitación, atención de urgencia, etc., pasan gravosa factura a posteriori a los inmigrantes que acuden a los Centros de Salud.
SÉPTIMO CRIMEN SOCIAL: El crimen social séptimo lo hemos reservado para el caso de la estafa por las participaciones preferentes. En efecto, y por eso lo catalogamos de crimen social, no se trata de que un accionista pierda miles de euros en su empresa, sino que a personas que habían invertido sus ahorros, muchas de ellas personas mayores, sin conocimientos financieros, y muchas de ellas invirtiendo todos los ahorros de su vida, se vean ahora en la situación de que van a tener que renunciar a que su Banco les devuelva dicho dinero, suponiendo auténticos casos de drama humano y familiar. Ni Bruselas, ni por supuesto este cruel e inhumano Gobierno, son capaces de ofrecer una respuesta satisfactoria ante tanto ejercicio de robo, engaño, abuso y estafa colectiva.
OCTAVO CRIMEN SOCIAL: En octavo lugar, tenemos el crimen social que representa el conjunto de la población española que ya se encuentra en situación límite, es decir, en exclusión social, en los umbrales o dentro de la situación de pobreza, con un porcentaje que va creciendo que se sitúa en pobreza severa o extrema, es decir, en situación de indigencia. Ni qué decir tiene que esto es consecuencia directa de los otros crímenes sociales, pues se comienza con salarios precarios, se continúa en situación de paro, y se finaliza en situación de máxima precariedad, lo que lleva a la población afectada a no poder hacer frente al pago de los servicios para cubrir sus necesidades básicas, y por último, a la pérdida de su vivienda. Se han disparado los servicios que prestan los Bancos de Alimentos, los albergues públicos y de las distintas ONG’s, así como la asistencia social que prestan algunas plataformas. Este crimen social se ceba también y fundamentalmente con la infancia, afectando ya a más de 2 millones de niños/as pobres en nuestro país.
NOVENO CRIMEN SOCIAL: En el puesto nueve se sitúan el conjunto de acciones que se realizan desde el poder para reprimir y criminalizar todas las movilizaciones ciudadanas que protestan ante todos los crímenes anteriores, así como las Asociaciones y Plataformas que apoyan a dichos sectores ciudadanos afectados por los mismos. Desde multas indiscriminadas por participar en manifestaciones o sólo por ocupar la vía pública, pasando por golpes, amenazas, disparos de objetos contundentes, porrazos, balas de goma (que ya han causado gravísimas lesiones a algunas personas), represión policial, detenciones injustificadas, mantenimiento de la situación de prisión preventiva más allá de los límites razonables, etc., forman el mosaico de las acciones que los grupos de antidisturbios (que ni siquiera van bien identificados) ejecutan contra la población que se manifiesta, amparados desde el poder y los despóticos mandos de este Gobierno.
DÉCIMO CRIMEN SOCIAL: Para el décimo lugar hemos dejado el crimen social más aberrante, que es el que se comete con los inmigrantes, desde las deportaciones masivas, hasta el internamiento en los CIE, en una situación deplorable y que rayaría en el desamparo más absoluto de los Derechos Humanos, hasta auténticas aberraciones cometidas por las autoridades, como el atropello de pateras por parte de embarcaciones patrulleras de la Guardia Civil, como la que ocurrió hace pocos días cerca de las costas de Tenerife. Es de todo punto intolerable que un Gobierno mínimamente sensible y que se las da de legal y de democrático, someta a personas extranjeras a tan vil vasallaje, con un total desprecio hacia sus vidas. Acciones de este tipo sólo pueden ser tildadas de criminales.
Alcalá de Guadaíra se declaró “ciudad contra los desahucios” con el voto en contra del PSOE
La defensa de Rajoy y la política de derechas con la denuncia al portavoz de IU en Alcalá de Guadaíra por parte del PSOE no es un hecho aislado. El pasado viernes 19 de julio de 2013, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra aprobó una propuesta del Movimiento 15M que Izquierda Unida llevó a pleno, y fue dictaminada favorablemente por IU, PA y PP y el voto en contra del PSOE, para que la ciudad fuese declarada “Ciudad contra los Desahucios”. Así, en el pleno fue aprobada esta moción con el consenso de todos los grupos de la oposición y el voto determinante de la edil no adscrita, pese a que el PSOE, votó en contra y se postuló frente a la propuesta.
Por aquel lejano mes de julio de 2013, Izquierda Unida ya argumentaba que el PSOE local es un partido de derechas. Su portavoz, el ahora denunciado Alberto J. Miranda afirmó que “con esta votación se demuestra una vez más la deriva ideológica del grupo socialista de Alcalá de Guadaíra, que ha adoptado una política de derechas en su forma de gestionar el gobierno local. Son muchas las ciudades y pueblos de España donde el PSOE no sólo ha apoyado este tipo de medidas, si no que las ha presentado, como el caso de Badajoz, Ciudad Real, Getafe, etc. en provincias enteras como Jaén, o a niveles autonómicos como en la Junta de Andalucía, sin embargo, en Alcalá de Guadaíra el grupo socialista se ha postulado siempre contra las propuestas de izquierdas que se hacían desde Izquierda Unida.”
El PSOE de Alcalá de Guadaíra también se opuso a suprimir la plusvalía municipal en casos de desahucios o dación en pago
En junio de 2013, el Partido Andalucista presentó una propuesta al pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para suprimir el cobro del impuesto municipal asociado a la compra venta de viviendas para casos de desahucios o dación en pago.
En los casos de desahucios o dación en pago, que culminan en la entrega de las viviendas habituales de personas sin recursos económicos, las familias pierden su vivienda sin obtener como consecuencia de esa transmisión beneficio económico alguno. Además de perder su vivienda habitual, el techo de sus hijos, y, en muchas ocasiones, tener que seguir pagando el resto de la deuda no satisfecha, se da la absurda circunstancia de que la familia tiene que pagar por esa transmisión un impuesto, la plusvalía municipal.
El pleno municipal de junio de 2013, como urgencia, se presentó una moción para que el Ayuntamiento dejara de cobrar este abusivo impuesto a familias que por motivos económicos hubiesen perdido su vivienda. Tras el debate del mismo, en el que el Delegado de Hacienda del PSOE Salvador Escudero se enzarzó con Miranda (IU) y Aquino (PA), todos los grupos de la oposición votaron a favor (PP, PA, IU y la concejal no adscrita) y el PSOE votó en contra de la misma.
También en aquella época Izquierda Unida denunció la deriva ideológica del grupo municipal socialista asegurando que “queremos denunciar públicamente la política caciquil y manipuladora del equipo de gobierno, que adopta políticas de extrema derecha diciendo que son de izquierdas. Oponerse a suprimir la plusvalía en casos de dación en pago es indecente hasta para Gutiérrez Limones, Alcalde de Alcalá de Guadaíra”.
Fuente: larepublica.es
