Colapso absoluto en las arcas del municipio madrileño de Quijorna. A pesar de que en el pleno ordinario celebrado el 16 de diciembre,
la alcaldesa Mercedes García (PP) se comprometió a pagar al día a los cincuenta trabajadores que tiene a su disposición, el miércoles envió en su nombre a una subordinada para anunciarles los peores presagios: ninguno de ellos percibirá a final de mes la nómina de enero porque las arcas municipales están literalmente “vacías”. Un anuncio que no les pilló de sorpresa, ya que todavía no han cobrado la paga extra de diciembre.
La noticia cayó como un jarro de agua helada entre los funcionarios, personal administrativo y de mantenimiento que van a pagar las consecuencias del atolladero en el que se encuentran las cuentas de su municipio. A estas alturas, desde el Consistorio nadie les asegura que las nóminas de febrero y marzo se vayan a cobrar de manera puntual. Todos se quejan de que la regidora no se solidarice con la situación y se preguntan si, con las cuentas en los huesos, ella también dejará de percibir del erario público los 48.600 euros brutos anuales de sueldo que le corresponde como alcaldesa y dejará de pagar a cada uno de sus seis concejales los 11.200 euros al año que perciben por un tercio de jornada.
Nadie sabe cuál es la situación financiera real que arrastra el Consistorio. Los grupos de la oposición reconocen a El Confidencial que hay préstamos pendientes de pago de unos 3,5 millones de euros. Una cantidad a la que hay que añadir otros cuatro millones que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reclama al ayuntamiento por haberse favorecido de una contraprestación a favor del municipio a raíz de un convenio urbanístico anulado por una sentencia. Tras aquella decisión, los portavoces del Grupo Independiente de Quijorna y del PSM-PSOE denunciaron que el municipio podría ira la “bancarrota”.
La regidora ha recurrido el convenio anulado y se defiende asegurando que no puede devolver cuatro millones de euros porque no se han cobrado. Como medida anticrisis, está pendiente de que cierre el ‘macromunicipio’: quiere compartir servicios con Brunete, Sevilla la Nueva y Villamantilla, todos municipios del PP, además del socialista Villanueva de Perales. Una iniciativa que se han inventado los municipios en apuros cuyo objetivo es mejorar la eficiencia en la gestión y se presenta como una alternativa a la fusión de localidades y poder afrontar la situación actual.
Aunque el proyecto todavía está en ciernes y todos esperan como agua de mayo que se lance ya la iniciativa, el objetivo es compartir estructuras administrativas, arquitectos, interventores, tesoreros, funcionarios, donde se incluyen los policías locales… para afrontar situaciones económicas límite como la que está viviendo Quijorna.
Fuente elconfidencial.com
