Escribo esta columna los jueves para que se publique los sábados. En este caso la escribo el día de la huelga general para que se publique dos días después cuando ya se habrán hecho todos los análisis posibles.
La escribo, además, después de un día en el que he hecho huelga, he participado en un piquete, en una concentración y en la masiva manifestación de Madrid.
De lo que he visto yo misma, de lo que he leído y hablado con compañeros/as, y no sólo el día de la huelga sino los días anteriores también, salgo con la sensación de que cuando decimos que “quieren acabar con todo”, en este “todo” hay que incluir también el derecho de huelga, un derecho recogido expresamente en la Constitución. El derecho de huelga está sufriendo un acoso despiadado y necesita una defensa política mucho más firme de la que se está haciendo por parte del principal partido de la izquierda, y una defensa jurisdiccional también. Es un derecho fundamental de los y las trabajadores, no es un derecho menor.
Muchas empresas, más de 1.500 de ellas denunciadas, han coaccionado a los trabajadores sin rebozo para que no hicieran huelga; algunos empresarios han presionado a sus trabajadores incluso públicamente, sin que nadie interviniera en lo que no son sino coacciones para dificultar el ejercicio de un derecho. Eso por no hablar de algunos dirigentes del Partido Popular como Esperanza Aguirre haciendo llamamientos para que se fotografíe y denuncie a los huelguistas como si fueran delincuentes. Además, se ha generalizado en los medios –y no hablo de los de la derecha extrema- la moda de inventarse derechos que sólo aplican el día en que hay convocada una huelga como el “derecho a la movilidad” (derecho a subirse al metro cuando hay huelga de metro, derecho obviamente inexistente), o la moda de invocar derechos fundamentales pero dándoles exactamente el significado contrario del que tienen.
Así, el “derecho al trabajo”, sólo se invoca en este día en el que los trabajadores se arriesgan y sacrifican para defender, precisamente, el derecho a un trabajo digno, único trabajo que puede considerarse un derecho. Por no hablar del “derecho a la salud”, que consiste en el supuesto derecho a ir al médico el día en el que los trabajadores de la sanidad se ponen en huelga para defender la sanidad, o el “derecho a la educación”, el supuesto derecho a romper la huelga de quienes luchan para defender, exactamente, el derecho a la educación. Todos estos son derechos tan importantes que, por defenderlos, nos hemos puesto en huelga sacrificando un día de nuestros salarios y arriesgándonos a las posibles represalias de algunos empresarios.
Pero entre estos derechos que nos toca pelear y defender está también el mismo derecho de huelga. Porque ante la huelga no sólo se ha impuesto –y se va acomodando- una retórica contraria a considerarla un derecho, no sólo se han permitido coacciones y presiones a los trabajadores/as contrarias a su ejercicio, sino que el mismo 29M la policía que debe garantizar este derecho actuó como un piquete empresarial, como un piquete anti huelga. Y no me refiero sólo a las cargas desproporcionadas que cargaron contra los piquetes en cuanto los vieron aparecer y que han dejado heridos y contusionados por toda España, sino también a las detenciones de sindicalistas que participaban en esos piquetes informativos o a la identificación intimidatoria por parte de la policía de cualquiera que pareciera sospechoso, sino también a estrategias como el cierre arbitrario de calles para que resultara imposible llegar a las manifestaciones o, directamente, la prohibición de pasar por determinadas calles con sólo que la policía considerase que tenías cara de ir a manifestarte. Una cosa es tratar de desanimar a hacer huelga con argumentos políticos o incluso propagandísticos, y otra cosa es utilizar los poderes del estado para impedir, por todos los medios, que los y las trabajadoras podamos ejercer nuestro derecho.
Por la mañana la policía me amenazó en un piquete cuando yo no hacía nada más que tirar panfletos al aire y tocar un silbato; después me identificó porque llevaba una pegatina llamando a la huelga y por la tarde trató de impedirme llegar a la manifestación al no dejarme cruzar una calle sin ningún motivo. Sí, quieren acabar con todo, incluido el derecho de huelga. Alguien debería exigir la protección efectiva del ejercicio de este derecho para futuras huelgas que, al paso que vamos, las habrá.
Beatriz Gimeno es escritora y expresidenta de la FELGT (Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales)
Fuente: beatrizgimeno.es
