Economía argumenta que no se dan las condiciones de mercado para garantizar los ingresos previstos. El Partido Popular denunció que se «malvendía» el patrimonio público
Se acababa de fijar la fecha de salida (19 de octubre) unas horas antes. Incluso, desde la semana pasada, la plaza de Callao exhibe tres esferas gigantes en la que los madrileños pueden depositar sus «sueños» en tarjetas de papel, como acto de promoción de la que se presentaba como la mayor salida a Bolsa de la historia de España, el germen de la séptima u octava mayor empresa del Ibex-35, un proyecto que el azar de la crisis ha convertido en uno de los tropiezos más sonados.
Finalmente, el Ministerio de Economía ha decidido suspender la oferta pública de venta (OPV) de Loterías y Apuestas del Estado, por la que esperaba recaudar cerca de 8.000 millones de euros.
El motivo de esta decisión hay que buscarla, de nuevo, entre los omnipresentes mercados, en la escasa demanda con la que se han encontrado las entidades a la hora de colocar el 30% que se disponía a vender el Estado. Y la oposición del PP a la operación no ha hecho más que desanimar a esos inversores.
El proceso se remonta a diciembre de 2010, cuando el Ejecutivo tomó la decisión de abrir la entidad pública al capital privado para obtener unos miles de millones de euros con los que reducir la deuda y calmar a los mercados. Desde entonces, el contexto económico ha empeorado sustancialmente.
«En este momento la situación de los mercados de capitales es muy distinta a la que existía entonces y la sociedad estatal para la venta de acciones de Loterías y Apuestas del Estado (la sociedad mediante la que el Gobierno gestionaba la privatización) considera que no se dan las condiciones adecuadas para garantizar unos ingresos que reflejen el valor de la sociedad», indicó Economía en un comunicado. «La operación podrá retomarse cuando las circunstancias lo recomienden», concluyó.
Naufragio anunciado
Desde el sector, se confirma la versión del Gobierno. La horquilla de precios que ofrecían era demasiado «baja» para asegurar las pretensiones del Ejecutivo. El objetivo era que el 60% de la emisión de acciones recayera en inversores minoristas, atraídos por una tentadora política de dividendos, que se desembolsarían todos los meses, y unos precios atractivos (entre un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 200.000). La frágil demanda hacía prever el naufragio de la operación, un riesgo que el presidente de Loterías, Aurelio Martínez, negaba insistentemente, siempre que algún periodista le planteaba la cuestión.
Sin embargo, durante la última semana, a las turbulencias en los mercados se sumó un factor antes no presente: las presiones del Partido Popular, al que los inversores parecen haber otorgado, por adelantado, el cetro del Gobierno.
El pasado viernes el PP anunció que, de resultar vencedor el 20-N, revisaría las condiciones de adjudicación de la privatización de Loterías para comprobar si existe «malversación de caudales públicos».
Cuatro días después, el martes 27, el portavoz económico de los populares, Cristóbal Montoro, exigía la paralización del proceso de privatización, tanto de Loterías como de AENA, puesto que a su juicio suponían «malvender el patrimonio del Estado, que genera un recurso recurrente y ayuda a corregir el déficit».
El punto de mira se encuentra ahora en el operador aeroportuario. Las concesiones de los aeropuertos de El Prat y Barajas deberían de conocerse en el mes noviembre.
Fuente abc.es/
